Delegación de Arica y Parinacota adjudicó $877 millones por trato directo a Polpaico
La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota emitió la orden 5473-71-TD26 a Cemento Polpaico S.A. por $877.238.460,63 mediante trato directo. El monto es alto y obliga a revisar la causal usada, aunque el proveedor opera en un mercado concentrado donde la competencia puede ser limitada.
La alerta apunta a trato directo abusivo por el volumen de la compra, pero aquí el contexto exige más cautela. Cemento Polpaico opera en un mercado de insumo básico relativamente concentrado, similar a otros sectores con pocos actores, por lo que una contratación directa no es automáticamente anómala como en mercados altamente competitivos. Aun así, la Ley 19.886 exige que el trato directo sea excepcional y que la causal quede fundada, especialmente cuando el monto supera con holgura el umbral de licitación pública. La institución, además, muestra un 87% de compras por trato directo, cifra muy alta que amerita revisar si está recurriendo de forma habitual a esta modalidad. No hay otras irregularidades previas registradas en este contexto, así que no corresponde sobrerreaccionar ni llevar el caso a CRITICAL. La pregunta central es si existía una razón técnica o de mercado que justificara comprar así, o si se omitió una licitación que podría haber mejorado precio y transparencia.
Norma potencialmente infringida
Art. 8 Ley 19.886; Ley 20.880 (probidad)
Qué verificar
5 pasos- 1Solicitar la resolución de trato directo y la causal específica invocada
- 2Verificar si el mercado del cemento o el producto comprado tenía efectivamente pocos oferentes disponibles
- 3Comparar precios con compras públicas similares de cemento y materiales de construcción
- 4Revisar si hubo urgencia, obra pública crítica o continuidad contractual que explique la compra
- 5Consultar si la Delegación ha repetido tratos directos de alto monto sin licitación
Proveedores involucrados
Licitaciones involucradas
1 procesoEvidencia
Detección automatizada por cruce de datos públicos. Este caso es un indicio que requiere verificación — no una afirmación de irregularidad ni de fraude. Los textos fueron redactados con asistencia de un modelo de lenguaje a partir del hallazgo estructural.