Delegación del Maule adjudicó 14 tratos directos a Israel Andrés Roa Antilef por $355,9 millones

El patrón es “trato directo abusivo”, y en este caso la magnitud del monto vuelve la alerta más seria. La Ley 19.886 exige que el trato directo se justifique por una causal excepcional y documentada; cuando una misma institución adjudica 14 TD al mismo proveedor por más de $355 millones, la hipótesis más plausible es que existe una necesidad recurrente que podría haberse agrupado o licitado. El contexto de la propia Delegación aumenta la sospecha: ya presenta un nivel muy alto de compras directas y un caso previo de compras directas por más de $736 millones, lo que sugiere una cultura de contratación apoyada fuertemente en la excepción. Eso no prueba irregularidad, pero sí abre preguntas sobre planificación, segmentación de necesidades y control interno. También conviene mirar la naturaleza del proveedor: si se trata de una persona natural o una pequeña empresa, la concentración con una entidad pública grande puede revelar dependencia operacional o falta de competencia real. En términos públicos, el problema no es solo legal sino de control del gasto: múltiples TD reducen trazabilidad y dificultan comparar precios, calidad y alternativas. La revisión debe centrarse en la causal usada y en si hubo urgencia real o una práctica reiterada sin licitación.